Asesinato Masivo
Publicado 17 oct. 2023 El tiempo de lectura 4 minutosEl 13 de julio de 1994, a las 3:20 de la madrugada, fue hundido, cerca de la embocadura de la Bahía de La Habana, el remolcador 13 de Marzo, vieja embarcación de madera, con más de 70 personas a bordo, entre ellas 11 niños, en edades de 6 meses a 11 años, también 11 mujeres, el resto hombres.
Este grupo de cubanos quería llegar a costas de Florida, pero ese deseo…o ese sueño, fue interrumpido de manera violenta con abiertas intenciones letales por otros tres remolcadores, modernos para la época, que envistieron a la vieja nave hasta destrozarla y enviarla al fondo del mar. 32 murieron, incluyendo todos los niños.
Lo que narraron sobrevientes, pasado un tiempo y encontrándose en tierra de protección, se puede asegurar que fue algo dantesco. A pesar de los gritos de horror y de las súplicas por sus vida, los agresores no detuvieron en ningún momento su ataque homicida.
Un fuerte chorro de agua arrancó de los brazos de una joven madre a su bebita de solo meses de nacida, en ningún momento mermó la agresividad, a pesar de que conocían de que había varios niños a bordo. Una vez hundifo el 13 de Marzo, los otros remolcadores comenzaron a dar vueltas alrededor de los naufragos para originar olas que los enviaran también al fondo del mar. Todo indicaba que la intención era no dejar sobrevivientes, pero la cercanía, según se conoció, de un bote de pescadores, frustró ese propósito.
Transcurridos 29 años de aquella barbarie, nadie ha respondido ante los tribunales, ni responsables directos, y mucho menos los responsables intelectuales.
Pasado unos años de la muerte de todos esos inocentes, Fidel Castro aseguró que lo ocurrido había sido un accidente, luego los medios oficialistas catalogaron la travesía emprendida por el 13 de Marzo de “seuestro armado”.
No es ni necesario decir que el jefe del Estado no tiene la facultad legal, con una decisión política, de sellar un caso que tiene que ir, obligatoriamente y moralmente, a los tribunales, es decir, a los encargados de impartir justicia.
Algo después de esas afirmaciones, en agosto de 2005, tres ciudadanos cubanos, Moisés Leonardo Rodríguez, Wilfredo Vallín Almeida y el que esto rememora, presentamos por escrito una acusación ante el Fiscal General de la República de ese entonces, doctor Juan Escalona Reguera, que, en algunas de sus partes dice:
“A título de simples ciudadanos, los abajos firmantes nos dirigimos a Ud, toda vez que no existen en Cuba las instituciones jurídicas del amparo constitucional, el defensor del pueblo u otra similar, resultando la Fiscalía la garante del órden júridico con la facultad vinculante para el restablecimiento de la legalidad quebrantada. Siendo así, es precisamente el Fiscal General la persona de más alto rango dentro de la estructura jurídica del país para tales menesteres y, por eso, devienen en Ud el destinatario de esta misiva.
(…) el día 13 de julio de 1994 es hundido a la salida de la bahía de La Habana el remolcador “13 de Marzo”. La palabra “piratería” no se escuchó en ningún momento en aquel entonces. No obstante ahora, cuando oficialmente vuelve a tocarse el asunto, se omite en absoluto el por qué esas personas fueron junto al mar, no se habla de amor filial, ni del luto y el dolor eterno, ni del derecho a llevar flores a las víctimas sino que se dice, por vez primeraque fue…!!un acto de piratería!!
Pero he aquí que Ud, y todo el que sea letrado sabe distinguir muy bien las figuras “homicidio doloso” y “homicidio culposo” y también sabe que, en ambos casos se imponen juicio y sanción.
Así las cosas, estamos solicitando de Ud. Se sirva aceptar como elementos de hecho todas las consideraciones anteriores, pues acudimos a esa Fiscalía, máxima representante de la legalidad socialista, para ACUSAR DE ASESINATO, pues se dan en este caso las circunstancias clificadoras de premeditación, ensañamiento y alevosía, a todas las personas que en la madrugada del 13 de julio de 1994, a bordo de los remolcadores Polargo 5, Polargo 2 y Polargo 3 participaron de una u otra forma en el hundimiento del remolcador 13 de Maezo, y, si resultara probado que el hundimiento fue el resultado de un accidente, sean juzgados entonces por HOMICIDIO CULPOSO, conforme lo establecen las leyes penales vigentes”.
Nunca se recibió respuesta a esa acusación, lo que es una prueba más de la complicidad del Estado en ese asesinato masivo. Pero más allá de esas valoraciones está el hecho incuestionable de que nunca ha existido la intención oficial de sacar del fondo del mar los restos de todos esos inocentes. A casi tres decenios de ese asesinato masivo sus responsables continuan sin rendir cuentas y, obviamente, protegidos por las más altas autoridas políticas del país.